José Granados Fernández

Una red delictiva dedicada a las estafas con inmuebles está ofreciendo en Barranquilla y municipios del Atlántico, como Galapa, casas, apartamentos, lotes o fincas incautadas a narcotraficantes.

Utilizando frases sugestivas como: “No puede desaprovechar esta oportunidad, es un buen negocio” o “Tranquilo que tengo los contactos para que la propiedad sea suya por este bajo precio, pero hay que pagar pronto”, los estafadores tratan de vender de manera ilegal a menor precio estos inmuebles.

Una investigación periodística de Atlántico en Noticias y Zona Cero dejó al descubierto que entre 2015 y 2016 fueron ocho los intentos de estafas millonarias. Estos hechos los confirmó la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que administra en el Atlántico, incluida su capital, 723 inmuebles urbanos y 49 rurales que fueron entregados al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, cuando el Gobierno Nacional liquidó la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, al descubrirse que operaba como fortín de malos manejos administrativos y financieros de congresistas y depositarios que tenían en su poder el cuidado de inmuebles a los que les habían dictado medidas cautelares o que habían sido objeto de extinción de dominio.

La SAE confirmó que una de las propiedades usadas para intentar las estafas es el lote –hoy enmontado y con gran parte de sus paredillas en el suelo– que está en la esquina de la carrera 51B con calle 100, barrio Villa Santos, apetecido desde el punto de vista comercial por su ubicación al norte de Barranquilla.

En este inmueble la Sociedad de Activos Especiales se vio obligada a instalar un par de vallas con el mensaje “No se deje engañar” luego de que “varias personas”, potenciales víctimas de la red de estafadores, llamaron preguntando por su venta.

De acuerdo con denuncias conocidas por Atlántico en Noticias y Zona Cero, el lote, conformado por cuatro propiedades con matrículas inmobiliarias independientes, estaba siendo ofrecido en 2.000 millones de pesos, cuando su valor en el mercado puede superar los 4.000 millones, de acuerdo con el concepto de un respetado empresario del sector inmobiliario.

¿Cómo opera la red delictiva? Las denuncias conocidas indican que para hacer creíble la estafa utilizan resoluciones falsas a nombre de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de las cuales otorgan la posesión del bien que es ofrecido en venta; también falsifican documentos de la Fiscalía General en los que ordenan levantar las medidas cautelares del inmueble para facilitar la inscripción de la venta ante la Oficina de Instrumentos Públicos.

A través de esta estrategia los delincuentes lograron en uno de los ocho casos hacer la inscripción de un inmueble usado para la estafa, pero al descubrirse que el negocio era ilegal fue reversado.

La Sociedad de Activos Especiales también confirmó que en Barranquilla personas que poseen información de bienes administrados por esta entidad los han “ofrecido sistemáticamente” en venta, es decir en repetidas ocasiones. En respuesta a un cuestionario que les fue enviado, la SAE reveló que los estafadores “pedían el 30% del valor de los bienes” para que lo consignaran en cuentas personales o lo pagaran en efectivo.

Los intentos de estafa han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General, informó desde Bogotá la Sociedad de Activos Especiales. Dijo que espera que las investigaciones arrojen sus primeros resultados, por lo que no accedió a identificar puntualmente los intentos de estafa para “preservar el éxito” de las indagaciones penales.

Otra revelación de la entidad responsable de manejar los activos incautados a la mafia indica que en Cartagena y Turbaco, Bolívar, también con documentos falsos han intentado levantar las medidas cautelares de varios narcoinmuebles con el mismo propósito: estafar a incautos compradores.

Desde 2014, la Sociedad de Activos Especiales, con participación mayoritaria del Estado en un 99,9%, administra en todo el país 19.819 bienes e inmuebles incautados a organizaciones criminales, de los cuales 5.583 son propiedades rurales y 14.236 urbanas.

En la Región Caribe, además de los bienes en Atlántico, SAE tiene bajo su responsabilidad directa, en campos y ciudades, 331 narcopropiedades en Bolívar, 59 en Cesar, 1.162 en Córdoba, 32 en La Guajira, 346 en Magdalena y 45 en Sucre para un total de 2.747.

No hacer negociaciones

En respuesta al informe periodístico, SAE, a través de su gerente regional, Roberto Carlos Amor, advirtió a la comunidad que “deben de abstenerse” de hacer negociaciones con particulares sobre estas propiedades.

Informó que en el caso del lote de la 51B se encendieron las alarmas por llamadas que recibieron preguntando por la venta que estaban ofreciendo los estafadores y por avisos de la Oficina de Instrumentos Públicos, entidad ante la que los delincuentes estaban intentando, con documentos falsos, modificar las medidas cautelares que existen sobre esta propiedad.

“No debe existir ningún pago ni transacción con particulares”, expresó Amor; sostuvo que “las ventas se hacen solamente a través de la Central de Inversiones S.A., CISA, después de que se decreta la extinción de dominio de uno de estos inmuebles o bien”.

“Por disposiciones legales estas propiedades se encuentran fuera del mercado por las medidas cautelares decretadas sobre ellos, así que nadie puede tramitar la venta o cualquier otro proceso”, insistió el gerente regional de SAE.